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Guayaquil, Ecuador.- Las autoridades ecuatorianas ofrecen 10.000 dólares de recompensa para quien ayude a localizar y detener a uno de los cuatro profesores sospechosos de haber violado a cinco niños en un colegio de Guayaquil, en un caso que ha levantado las alarmas en Ecuador. Las investigaciones cifran en más de 100 los menores que fueron víctimas de abusos sexuales en ese centro educativo que ha sido intervenido por los responsables de Educación.
La denuncia de una madre ante la Fiscalía destapó un escándalo que, según ha reconocido el Ministerio de Eduación, los responsables de la escuela conocían al menos desde mayo. “El Departamento de Consejería Estudiantil entregó dos informes a la rectora: uno el 30 de mayo y el segundo, el 6 de junio. Ella pasó el documento al Distrito Educativo, que solo procedió a devolverle el documento, sin hacer nada”, alertó ante la prensa el ministro Fander Falconí. Según las cifras oficiales, entre 2014 y 2017 se reportaron casi 900 casos de acoso y vulneración de la integridad sexual de menores en centros educativos en Ecuador, de los que el 65 % fueron cometidos por personal interno.
Las organizaciones sociales hablan de un problema de mayor entidad que no se denuncia por vergüenza o miedo. Para evitar la impunidad de este tipo de delitos contra menores, el presidente Lenín Moreno incluyó en la consulta popular que prepara para inicios de 2018 una pregunta que busca eliminar su prescripción.
Solo en el caso del colegio público guayaquileño, la fiscal asegura que hay al menos 100 víctimas, incluidas de generaciones anteriores, y que cinco de los casos se confirmaron, médica y psicológicamente, como de violación. El asunto ha indignado a padres, familiares, vecinos del centro, pero también ha asqueado a una población un tanto insensibilizada ante la recurrencia de atracos, agresiones a mujeres o muertes violentas.
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Los responsables del centro sabían, por los reclamos presentados por los padres, que al menos cuatro de sus docentes encerraban a niños en el baño durante el recreo donde, además del abuso sexual, les tomaban fotografías y les obligaban a beber orina. Una de las madres asegura que cuando su hijo le contó que habían acosado a un compañero fue a informar a la rectora y ella le pidió que no montara un “escándalo”. Después descubrió que su hijo también era una de las víctimas. Según el Código Penal ecuatoriano, los rectores de los colegios tienen el deber de denunciar cualquier acto delictivo que se cometa en el centro.
Cuando las autoridades fueron al colegio esta semana, ubicado en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad, la misma rectora se negó a abrir la puerta. Alegaba que tenían que esperar a meter a los estudiantes en las aulas. Pero el fiscal del caso reportó que había estado esperando media hora y que eso había propiciado la huida del docente que ahora está en busca y captura. La policía y el fiscal finalmente saltaron la valla del centro y detuvieron a uno de los sospechosos.
Los otros dos fueron apresados el viernes por la policía en el colegio, cuando la repercusión del caso ya había llevado al Ministerio de Educación a intervenir el centro un día antes. Su rectora, la vicerrectora y el inspector fueron apartados de sus cargos y se abrirá una investigación interna para determinar sanciones administrativas, paralelas al proceso judicial. Además, la fiscalía abrió otro expediente contra la rectora por obstrucción a la justicia. Todo el personal docente y administrativo será evaluado con exámenes psicométricos y se dará una atención psicológica a los niños, a las víctimas y a sus familias.
Estos exámenes responden a la decisión que tomó el nuevo Gobierno de examinar todo el sistema educativo público y privado, así como a su personal. Y evitar casos no tan aislados como este y como el que ocurrió en Quito en 2010. Hoy, una placa, colocada por orden judicial, recuerda el horror que vivieron aquellos 41 niños de 10 y 11 años que fueron sometidos por su tutor durante todo un curso.
