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Valencia, España.- La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja acusada de un delito de agresión sexual por violar presuntamente a una joven de nacionalidad rumana a la que ofrecieron previamente dinero como vientre de alquiler. Según la víctima, estos llegaron a ofrecerle hasta 100 mil euros por tener sexo para concebir un hijo y entregarles posteriormente el bebé. Cuando ella se negó el hombre la forzó sexualmente e incluso le amenazó con un cuchillo para que no se resistiera, según la denuncia interpuesta por la agredida.
Por su parte, los arrestados han negado ante la policía y ante el juez haberla contratado como vientre de alquiler y únicamente reconocieron haber tenido relaciones sexuales con esta de forma consentida en su domicilio durante un trío. Asimismo, la mujer, una empresaria castellonense, también remarcó que no tiene problemas para tener hijos y que no necesitan recurrir a ningún embarazo subrogado o vientre de alquiler.
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La presunta violación se produjo el pasado sábado por la tarde. La joven alertó a la Policía tras haber sido agredida sexualmente en la vivienda de una pareja, residente en Valencia, que la había acogido en su casa a principios de mes. Según su testimonio, no era la primera vez que el hombre, de 36 años, la obligaba a tener sexo y relató ante los agentes otro episodio violento ocurrido el pasado 18 de julio.
Aunque en un primer momento la agredida no contó nada sobre la supuesta contratación como vientre de alquiler, los policías que acudieron al domicilio escucharon cómo los propios sospechosos realizaban un comentario referente a este hecho.
Así, posteriormente la chica acabó admitiendo que había conocido al hombre en una tienda de Valencia en el mes de junio y que al ser compatriotas este la había acogido en su casa. Fue después, tras unos días de convivencia, cuando la pareja le ofreció dinero por tener un hijo y quedarse con el bebé. Esta práctica está prohibida en España por la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.
Los dos arrestados, una española de 42 años y un hombre de origen rumano de 36, han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial. El juez les ha impuesto una orden de alejamiento respecto de su víctima.
