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Saltillo, Coahuila. La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción informó que aún se pretende judicializar y vincular a proceso a más presuntos involucrados en el mega fraude del Infonavit.
Jesús Homero Flores Mier, titular de esa dependencia, explicó que entre la presente y la próxima semana se desahogarán más audiencias en torno al caso.
“Ahorita el asunto está en una etapa intermedia, si mal no recuerdo tenemos esta semana y la semana que entra audiencias, y sí, no hemos terminado todavía de judicializar, estamos esperando unos dictámenes y unas opiniones jurídicas”, señaló.
Flores Mier dijo que hay 8 personas vinculadas a proceso por este tema y todavía podría haber más, pues en el Poder Judicial se habla de un total de 19 los posibles partícipes.
“Ahorita tenemos alrededor de 8 personas vinculadas a proceso y si vemos la información que ha vertido el Presidente del Tribunal que habla alrededor de 19 (involucrados), todavía estamos viendo la forma de participación que hubo no podemos adelantarnos, pero sí estamos tomando en cuenta los elementos y estamos coordinados con el Consejo de la Judicatura”, añadió.
MÁS DE LA MITAD DE CASOS FUERON EN COAHUILA
Como se ha señalado, de los 211 mil casos a nivel nacional de derechohabientes afectados en este problema, 130 mil se siguieron en juzgados de Coahuila, de los que 123 mil pertenecen a acreditados de otras entidades y 7 mil a coahuilenses.
Hasta ahora, en la entidad, entre los vinculados a proceso están un juez y un secretario de acuerdos de un juzgado civil de Torreón, que se suman a tres jueces de Parras, Sabinas y Torreón, así como un secretario de Torreón, acusados de prevaricación judicial, entre otros.
A ellos se agrega la Oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, que fue separada de su cargo por disposición de Miguel Mery, por aparentemente fungir como filtro y distribuir a ciertos jueces, presuntamente “cómplices”, los casos contra los derechohabientes del Infonavit.
¿Qué es prevaricación judicial?
Consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
POR JOSÉ REYES
